Una reforma constitucional amplia el mandato presidencial a seis años y unifica bajo el Ejecutivo los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, desatando nuevas condenas internacionales.
MANAGUA / REDACCIÓN — El escenario político en Nicaragua registra una transformación institucional definitiva tras la aprobación de una profunda reforma a la Constitución Política impulsada por el Ejecutivo. La medida consolida de manera formal el modelo de poder compartido entre Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes ahora ejercen legalmente bajo la figura de “copresidentes”.
La reforma no solo institucionaliza la sucesión familiar en el mandato, sino que reestructura la arquitectura institucional del país centroamericano. Entre los cambios aprobados destacan:
- Poder Absoluto del Ejecutivo: Se establece que la Presidencia coordina de forma directa a los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, anulando la separación tradicional de poderes.
- Ampliación del Periodo Presidencial: El mandato se extiende de cinco a seis años.
- Estructura Militar y Policial: Se ratifica la subordinación directa de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua a la jefatura copresidencial.
Creciente presión y condena internacional
Paralelamente a la reestructuración interna, la presión diplomática e internacional sobre el régimen nicaragüense continúa escalando.
En el ámbito judicial, la Justicia de Argentina dictó una orden de captura internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y altos funcionarios de su círculo cercano. La resolución responde a una querella por presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde 2018.
Asimismo, la comunidad internacional mantiene vigilancia sobre el despojo masivo de nacionalidad, confiscación de bienes y desmantelamiento de organizaciones de la sociedad civil y religiosas aplicados contra opositores y periodistas en el exilio.
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